Las cifras más recientes de la ONU revelan una realidad alarmante. En 2021, aproximadamente 45.000 mujeres y niñas perdieron la vida a manos de sus parejas o familiares en todo el mundo. La violencia sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendida y generalizada que afecta a 736 millones de mujeres al menos una vez en sus vidas.
Los efectos psicológicos devastadores de esta violencia afectan a las mujeres en todas las etapas de sus vidas, pero en mayor medida, a menores de 15 años, que suponen el 30% de las víctimas.
Con el fin de luchar para erradicar la violencia de género, Manos Unidas ha destinado, en los últimos cinco años, casi tres millones de euros a 36 proyectos que han beneficiado a más de 110 mil mujeres y niñas en América, Asia y África.
Justicia en México para mujeres víctimas de violencia
Manos Unidas trabaja desde 2017 con la organización civil Kalli Luz Marina cuya misión es construir una sociedad donde las mujeres indígenas sean respetadas en todos sus derechos, sin temor a la violencia, mientras fomentan una cultura de denuncia y respeto a la dignidad humana.
Según el ministerio de Seguridad mexicano, “al menos mil seis mujeres de todas las edades fueron víctimas de feminicidio en 2019. El caso de Nancy Zepahua, de 19 años, fue uno de ellos y ocurrió en Zongolica, en el estado de Veracruz
La joven fue vista por última vez por su madre una noche de agosto cuando Fabián, su pareja desde los 15 años, y con quien tenía una hija, fue a verla para pedirle que volviera con él. Nancy había sido maltratada física y psicológicamente durante años por Fabián y había dicho “basta”. La noche de su desaparición estaba viviendo en casa de su madre. Fue un familiar quien la encontró en el fondo de un barranco cubierta de basura y con una sudadera atada al cuello.
Tres años después del asesinato de esta mujer indígena nahual, su asesino fue condenado a 55 años de prisión.
Mariana Ugarte, responsable de proyectos de Manos Unidas en México y Perú, desgrana en qué consiste el apoyo que esta ONG ofrece a las mujeres en un país donde reina la impunidad: “El acceso a la justicia es fundamental para la realización de todos sus derechos humanos. Las mujeres enfrentan múltiples restricciones para acceder a la justicia: procedimientos complejos, tiempos de espera, distancias, revictimización y culpabilización por parte del funcionariado y corrupción, lo que se agudiza cuando se trata de mujeres indígenas en situación de pobreza. Ahí es cuando las distintas opresiones y marginaciones históricas se entrecruzan”.
Ugarte enfatiza que es “la cultura patriarcal la que permea todas las estructuras del estado y al funcionariado encargado y, en el caso de las mujeres indígenas, no hay procedimientos culturalmente pertinentes para ellas”.
De víctima a activista
En Kalli Luz Marina existe una red de promotoras conformada en su mayoría por mujeres indígenas que, desde sus comunidades, brindan contención a otras mujeres que están viviendo situaciones de violencia. Irma Zepahua, después del doloroso proceso judicial vivido con su hija Nancy, se hizo promotora voluntaria de la red y ahora apoya a otras mujeres que como ella han sufrido o sufren las diferentes formas de violencia machista. Además, participa en las campañas de incidencia y de exigencia a las autoridades por temas relacionados a los derechos de las mujeres. Ha pasado de ser víctima a ser activista.
El apoyo en el área jurídica de Manos Unidas a esta organización ha sido fundamental en el caso del asesinato de Nancy. “Cabe resaltar que los casos los acompañan abogadas especializadas y se hacen desde un enfoque de Derechos Humanos e interculturalidad, además, se busca que la atención y el acompañamiento brindado sea de manera integral, es decir, desde las áreas jurídica, psicológica y social. Este proceso penal concreto, acompañado por la abogada Elisabeth Guevara Mitzi, concluyó con una sentencia condenatoria de 55 años por feminicidio para el asesino de Nancy”, explica Ugarte