El pasado 25 de febrero se celebró una reunión entre concejales del equipo de gobierno de la ciudad de Logroño y varias personas representantes de las 20 organizaciones y entidades sociales que promueven un transporte público a prisión. Tras la solicitud de reunión de las organizaciones, ésta fue convocada
por Leonor González Menorca, teniente de alcalde y responsable de participación ciudadana del consistorio; también asistió al encuentro Ángel
Andrés Royo, teniente de alcalde y responsable de movilidad urbana. Tras un intercambio fructífero de impresiones, desde el equipo de Conrado Escobar se
comprometieron a iniciar contactos con el Gobierno de La Rioja para intentar avanzar una solución en esta cuestión, que reconocieron que no puede quedar
sin respuesta.
Por su parte, las organizaciones que promueven el transporte a prisión decidieron, en asamblea realizada tras la reunión, posponer las movilizaciones
que tenían previstas para este mes de marzo, entendiendo que se ha producido un cambio de actitud por parte del Ayuntamiento, que hasta ahora se había
negado a reconocer que mantener un transporte público a prisión era una responsabilidad municipal. Hay que recordar que el edificio de la prisión de
Logroño se encuentra en el término municipal logroñés y que, siendo un servicio público, es el Ayuntamiento quién debe facilitar el acceso al mismo, según
recoge la legislación y ha sido confirmado por varios informes del Defensor del Pueblo.
Aprovechando las recientes obras de acceso al barrio de Entre Ríos, todas las partes reconocieron que ahora se ha abierto una ventana de oportunidad para
responder a este derecho de una forma que resulte menos onerosa para la administración. Entre las soluciones que se barajaron, algunas a propuesta de
los responsables municipales, se encuentra poder aprovechar la lanzadera entre Entre Ríos y el centro de Logroño recientemente puesta en marcha o que alguna
de las líneas del transporte interurbano tenga parada en la nueva rotonda que se encuentra cerca del centro penitenciario. Ambas soluciones pasarían por la
colaboración con otras administraciones y Leonor González y Ángel Andrés se comprometieron a establecer los contactos oportunos. Otras soluciones, como
que la administración subvencione el transporte en taxi de las personas que se deben desplazar diariamente a la prisión (solución que ya está vigente para la
cárcel de Pamplona) también fueron exploradas en la reunión.
Las organizaciones consiguieron el compromiso de que en breves semanas tendrían una respuesta del Ayuntamiento acerca de las gestiones anunciadas en la reunión. Se mantienen, en cualquier caso, vigilantes y si no se produjese respuesta del Ayuntamiento o si ésta consistiese en un retroceso a anteriores posiciones negacionistas, declaran su firme propósito de seguir adelante con sus movilizaciones, porque un transporte público a prisión es un derecho de las personas que necesitan desplazarse, por motivos laborales, familiares u obligadas por las circunstancias, al centro penitenciario.
Las entidades que trabajan por el establecimiento de un transporte público a la prisión de Logroño son A.R.A.D., Cáritas Diocesana de La Rioja, C.S.O.A. La
Puerta Gótika, Pastoral Penitenciaria, Plena Inclusión, las Asociaciones Vecinales Madre de Dios y San José; los sindicatos CCOO, CGT y CNT La Rioja; el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores sociales y el Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja; la Federación de Asociaciones Gitanas Ezor Roma, REAS Rioja y las asociaciones Rioja Acoge, URA, Proyecto Hombre, El Colletero, El Cotarro y La Tavaya.