La Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos continúan dando pasos en comunión, y como Iglesia que peregrina en España, en su compromiso con las víctimas de abusos cometidos en el seno de la Iglesia.
Este 30 de marzo los presidentes de las dos instituciones, Luis Argüello y Jesús Díaz Sariego, han firmado con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, un protocolo que desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero.
Este protocolo establece la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. De esta manera, la Iglesia pone en valor el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora que trabaja desde febrero de 2025, cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes que han recibido.
A partir de ahora existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad. En este sistema la colaboración de las instituciones será muy importante y el Defensor del Pueblo tendrá en cuenta aquellos casos ya reparados a través del PRIVA.
Modalidades de reparación
El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.
Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.
Compromisos de las instituciones firmantes
El protocolo señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios.
El Defensor del Pueblo, por su parte, constituirá la Unidad de Víctimas que se encargará de llevar a cabo -con un equipo de expertos profesionales independiente- la evaluación individualizada de las solicitudes.
También elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación, teniendo en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el PRIVA o por la congregación religiosa.
La CEE y la CONFER se encargarán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, de emitir un informe preceptivo motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo.
En caso de discrepancia una Comisión Mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la CONFER, según el caso.
Exentas de tributación
Además, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.
El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes.
Es una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario. El 15 de abril, tras los diálogos de la Comisión del PRIVA y del Equipo del Defensor del Pueblo para fijar las reparaciones, entrará en vigor este sistema.
