El pasado 2 de septiembre, Día de Ceuta, nuestra Diócesis se sumó a través de las redes sociales al apoyo moral que toda España manifestó hacia esta ciudad como consecuencia de la invasión sufrida a finales de julio de este año, agravando el problema migratorio habitual, dada su localización fronteriza con Marruecos. En ese breve comunicado queríamos trasmitir nuestra solidaridad con nuestros compatriotas de Ceuta, desear un pronto restablecimiento de la normalidad cotidiana, y pedir el esclarecimiento de los hechos que han perturbado la convivencia de la ciudad, acostumbrada a lo largo de su historia al trato pacífico de diferentes credos y culturas.
Lo que expreso en este escrito no es original, quizá se haya dicho ya, en distintos medios, pero quería sumarme al gran interrogante que este aluvión humano ha supuesto para mucha gente en nuestro país, a juzgar por las manifestaciones del Día de Ceuta. Las reacciones tardías e insuficientes que se han producido por parte de nuestras autoridades nacionales, cargadas de contradicciones en sus declaraciones o entre los miembros del Gobierno; las apreciaciones de los acontecimientos por parte de los diferentes ministerios, que chocan con los testimonios de los profesionales que actúan en el lugar; el impacto en la población ceutí; las distintas versiones de los hechos, etc., no hacen sino alimentar el porqué de lo acontecido desgraciadamente este verano, tiempo de vacaciones para unos y de gran tensión y sufrimiento para otros.
Uno de los primeros motivos de la discordia fue la avalancha repentina que cruzó la frontera española el 30 de julio, de la que, en principio, nadie sabía nada. Unas 80 mil personas (que varían según las fuentes) irrumpieron de golpe en Ceuta, a pie y a nado. Si a cualquiera de nosotros el navegador que llevamos en el coche o en el móvil, nos avisa de un atasco en nuestra ruta, y nos lo comunica en tiempo real, todas esas miles de personas, equivalentes a un gran estadio de fútbol, resulta que permanecieron invisibles tanto para las autoridades marroquís como para las españolas, que no fueron capaces de detectar la aglomeración que se estaba produciendo en esta zona fronteriza con todo lo que supone. ¿Pero alguien puede creerse esto? Pues es lo que de forma oficial se ha dicho y se ha insistido reiteradamente, sin que, por otra parte, nadie haya exigido responsabilidades a los organismos correspondientes por esta supuesta gravísima negligencia. Después hemos sabido que esto no fue así, sino que se habían dado las informaciones pertinentes desde las diferentes fuentes policiales, como era de esperar, lo que estaba lógicamente al alcance de los ministerios encargados, en caso de haber querido investigar el origen de los hechos. Además, se desoyeron los avisos de las autoridades ceutíes que detectaban el crecimiento de la entrada de migrantes días antes de la gran avalancha, y pedían al Gobierno de la nación que organizara un mando único para la gestión de la crisis, lo que no se concedió.
Entonces, la zozobra es máxima: ¿por qué se ha tolerado este atentado contra la integridad del territorio nacional? ¿Por qué no se han previsto los medios necesarios para gestionar la presencia del doble de la población de Ceuta en un día? Es la cuestión de fondo que lleva flotando en el ambiente desde el principio, sin que los argumentos esgrimidos para justificar la situación resistan la evidencia de los hechos. Se ha culpado a la sentencia del Tribunal Supremo que impide la devolución en caliente de los migrantes que llegan a nado a nuestro territorio, a las redes sociales, a la supuesta responsabilidad de las mafias, a la posible intervención de países lejanos al nuestro, etc., y todas han sido contestadas.
Sin embargo, la intervención de Marruecos, factor evidentemente necesario para la situación que se ha generado, que aspira a hacerse con los territorios de Ceuta y Melilla, según han manifestado sus autoridades, siempre queda exonerada por las valoraciones del Gobierno de nuestra nación, lo que no deja de sumarse al interrogante que venimos analizando y que genera una gran preocupación.
El balance de la crisis humanitaria que se ha generado hasta la fecha lo sabemos: la desgracia de ciento cincuenta muertos en el intento de llegar a nado a nuestras costas; una aglomeración inhumana de miles de personas que no forma parte del grueso que regresó a su país, y que malviven en chamizos y escondites repartidos por la ciudad y sus alrededores; casi una treintena de agresiones sexuales y otros delitos; insalubridad; detección de delincuentes peligrosos infiltrados en la multitud; miedo e inseguridad en las calles; ruina económica; colapso sanitario; etc., sin entrar en otras cuestiones como las instalaciones de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado que han provocado las denuncias de los sindicatos policiales, y los medios insuficientes para las gestiones de extranjería.
No estamos entonces ante un flujo migratorio al uso, que cada nación tiene derecho a regular, como recordaba el Papa León XIV hace unos meses, sino ante una maniobra estratégica que instrumentaliza, elimina, y hace sufrir a los ciudadanos, cuya atención humanitaria, de la que la Iglesia nunca se podrá retirar, no contradice el principio anterior.
Si el eclipse solar del 12 de agosto duró unos instantes y la luz volvió a brillar de la forma acostumbrada, confiemos que el eclipse que se ha cernido sobre Ceuta, se resuelva cuanto antes, y con la vuelta de la luz, también la verdad de lo sucedido con todas las consecuencias.
Publicado en Diario La Rioja el 10 de septiembre de 2026
